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Se define como “historiador y profesor de instituto”, pero Carlos Morgade es también uno de los representantes más destacados del movimiento organizativo de los montes vecinales gallegos. Directivo durante 15 años de la Organización Galega de Comunidades de Montes, es en la actualidad secretario de la Mancomunidad de Pontevedra y presidente de la Comunidad de Montes de Mourente. Y desde hace unos meses, también presidente de Iniciativa Comunales. Hemos charlado con él para conocer los objetivos de esta iniciativa, pero también sobre la falta de legislación y de políticas en torno a la gestión comunal.
Para quien aún no lo conozca, ¿qué es Iniciativa Comunales?
Iniciativa Comunales es una asociación que pretende agrupar a todas las entidades o colectivos que utilizan de forma comunal un bien para su aprovechamiento y lo han venido haciendo tradicionalmente, sea este bien la tierra, el pasto, el agua, el mar o cualquier otro.
¿Cuál es el motivo que lleva a poner en marcha esta iniciativa?
La idea principal es hacer visibles las numerosas muestras de aprovechamiento comunal que aún persisten en España y difundir sus muchos beneficios. Desde hace mucho tiempo existen entidades que agrupan a poblaciones que utilizan comunitariamente un bien, como los montes vecinales o los comunales, los pastos, el aprovechamiento del agua, el marisqueo o la caza, pero creo que es la primera vez que nace una entidad que pretende integrar todo tipo de usos comunales.
¿Con cuántos miembros cuenta ya Iniciativa Comunales?
Nos hemos constituido legalmente hace apenas unos meses, por lo que el número de socios aún es limitado, poco más de una veintena de socios individuales y otras tantas entidades asociativas, aunque algunas de ellas son de ámbito estatal y cuentan con cientos o miles de miembros. Como socios individuales o colectivos, aceptamos a todos los que compartan nuestros objetivos de defensa y reconocimiento de los bienes comunales.
¿Cuáles son las principales barreras contra las que hay que trabajar para el desarrollo y conservación de los bienes comunales?
Carlos Morgade, presidente de IComunales.
Son de variada condición. Un primer problema es la inseguridad jurídica provocada por la falta de adecuado reconocimiento de los derechos de los comuneros. Esto está relacionado también con otro problema: el desconocimiento que tiene gran parte de la sociedad de la existencia de numerosos, variados e interesantes modelos de aprovechamiento comunitario que tenemos en España. Finalmente, un tercer obstáculo, que no es el menor, es mostrar a la opinión pública que estos modelos son perfectamente válidos como sistemas económicos actuales y rechazar los prejuicios que los asocian con lo más obsoleto del mundo rural.
A nivel político, ¿cuáles son los pasos pendientes para el reconocimiento e impulso de la gestión comunal?
En primer lugar, hacer visible el sistema comunal. En todo el Estado Español hay muchos cientos de miles de personas que gestionan aún más cientos de miles de hectáreas de territorio de forma colectiva y mancomunada. Pero su presencia en el corpus legislativo es escasa. En muchos casos, esta realidad simplemente no se contempla en las normas que se publican, y no sólo en la agricultura, ganadería o pesca, en las que tiene mayor presencia. Esta invisibilidad provoca que no estén reconocidos muchos derechos de uso de miles de habitantes.
¿Y la sociedad? No parece que haya un conocimiento masivo de la figura del “comunero” en la actualidad. ¿Cómo se puede conseguir el reconocimiento por parte de la ciudadanía del valor de estos agentes y de los bienes comunales?
Efectivamente, gran parte de la sociedad ignora la existencia de la mayoría de estos sistemas. Y una parte de los que los conoce los considera un sistema económico ya superado. Por eso, el reconocimiento vendrá por el conocimiento de sus valores, por el cuidado en la sustentabilidad del recurso, por su preferencia por cubrir las necesidades de las personas antes que favorecer el beneficio personal. Y estas cuestiones no son obsoletas ni están superadas. Yo diría que forman parte del debate público actual.
ICCA Consortium señala que España es el país europeo con mayor espacio de gobernanza comunal. ¿Qué hacer en los casos de espacios que sí son comunales pero o “los comuneros” no lo saben o no están reconocidos como tal?
Primeramente, tenemos que establecer lo que de verdad es comunal, es decir, qué modelos de explotación colectiva se deben considerar comunales, porque, por ejemplo, una cooperativa no lo es. Para ello, estamos debatiendo un protocolo de reconocimiento de los bienes comunales siguiendo las tres características que marca el ICCA Consortium: territorio (que haya un bien aprovechado), comunidad (que haya una población residente que lo usa) y gobernanza (que la comunidad tenga poder para decidir sobre el aprovechamiento).
En su opinión, y en el caso concreto de Galicia, ¿está correctamente reconocida la figura de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común?
Las últimas décadas han sido las del reconocimiento jurídico del monte vecinal gallego, aunque quedan aspectos por mejorar. Pero en lo que hay mucho por mejorar es el la llamada “política forestal”. El monte vecinal gallego ocupa la cuarta parte del territorio y tiene una extensión media de más de 200 hectáreas, frente a la atomización de las parcelas particulares. Teniendo esto en cuenta, y la alta productividad del monte gallego, el vecinal debería ser el abanderado de la política forestal del gobierno de Galicia, apoyando y asesorando a las comunidades de vecinos y favoreciendo el desarrollo rural. Pero la administración pública gallega pretende imponerles una estructura empresarial, ajena a las comunidades rurales, que explotan su territorio no sólo con criterios económicos sino también sociales y ambientales. Y así tenemos una Xunta de Galicia que ignora o ningunea a las comunidades, una política forestal gallega sin rumbo y unas comunidades de montes vecinales sin unas directrices claras que las incardine en un proyecto de desarrollo rural que evite el despoblamiento actual de media Galicia. Y así llevamos veinte y cinco años.
Imagen: Comunidad de Montes de Louredo (Pontevedra).
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