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Nuestro despacho acaba de lograr una nueva victoria judicial en la defensa de los derechos de los bomberos de Castilla y León para evitar la privatización del servicio. Tras la sentencia en la provincia de León, ahora llega una nueva decisión judicial en firme en Salamanca.
La Sentencia de 27 de febrero de 2020 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de CyL, dentro del PO 308/2019 acaba de adquirir firmeza, ya que el recurso de casación interpuesto por la Diputación Provincial de Salamanca ha sido desestimado por la Sala de la Contencioso del Tribunal Supremo.
Habiéndose acordado en la sentencia citada la anulación de la licitación y los pliegos que regirían la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento del ámbito de la comarca de Ciudad Rodrigo y Guijuelo convocado por la Diputación de Salamanca, debido a que la misma pretendía que dicho servicio solo fuera prestado por funcionarios en cuanto a las funciones de dirección y control y así privatizar el resto de funciones.
Habiéndose argumentado por la Sala de lo Contencioso del TSJ que las funciones que se dirijan propiamente a la contratación del servicio de extinción de incendios deberán ser desempeñadas por funcionarios.
Siguiéndose con línea de lo que ya señaló en Sentencia de 16 de abril de 2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de León dictada en el PO 75/2018, que acordó la nulidad del Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León de fecha de 25 de octubre de 2017 que acordaba la aprobación definitiva de la Memoria comprensiva de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León, por considerar que no era posible la creación de un Servicio de Prevención y Extinción de Incendios cuyo personal operativo (bomberos-conductores) no fuesen funcionarios, sino personal laboral contratado a través de un contrato de servicios.
La sentencia que ahora a adquirido firmeza, cuyo procedimiento ha llevado este Despacho Profesional, continua la línea de evitar la privatización del Servicio de Prevención y Extinción de incendios en Castilla y León, en el sentido de clarificar que las funciones que impliquen ejercicio de autoridad deberán ser desempeñadas por funcionarios y que no solamente las funciones de control, gestión o toma de decisiones son funciones a desarrollar por funcionarios sino que las funciones propias del servicio de extinción, como son el salvamento, rescate, cierre y desalojo de locales, evacuación de inmuebles etc., deben ser desempeñadas por funcionarios.
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