Plazo de prescripción de acción de daños en relación a la nulidad de licencias.
A la hora de llevar a cabo una investigación o intervención sobre el territorio en el ámbito espacial más inmediato, como es el relacionado con los municipios, entidades locales menores, comunidades de montes o asociaciones, se han de tener en cuenta una serie de características. Las más relevantes están relacionadas con la concentración del conocimiento de los datos existentes en un número muy reducido de personas, el carácter fragmentado y restringido a ámbitos muy concretos de la información y la escasa documentación gráfica disponible y su representación, ya que habitualmente, nos encontramos con el empleo de cartografías que permiten una escasa aproximación a los detalles.
Esta situación se origina por la confluencia de distintos factores que se acentúan cuanto más nos aproximamos a la realidad que queremos observar, entre los que podríamos destacar:
– La base tradicional de transmisión de gran parte del conocimiento de la realidad cotidiana fue oral. Así pues, datos diversos relativos a titularidades de propiedades y servidumbres, infraestructuras realizadas para las captaciones de agua y su conducción a los asentamientos o empleo como regadío, la localización de zonas con especiales valores patrimoniales, naturales o paisajísticos para la comunidad, entre otros, pervivieron principalmente a través de las conversaciones entre vecinos de los ámbitos más directamente relacionados con los mismos. Ahora, con el envejecimiento de la población y el despoblamiento de amplias zonas rurales, se debilita ese vínculo con el pasado hasta en muchos casos desaparecer para siempre.
– La necesidad de describir o representar ciertos aspectos de la realidad surgió, en muchos casos, de cuestiones particulares, como por ejemplo documentar propiedades o derechos en litigio, acometer solicitudes de licencias administrativas o subvenciones, o la realización de obras concretas de mayor o menor entidad. Esta suele ser una vía de conocimiento con una utilidad muy restringida, ya que se circunscribe al hecho principal que se va a abordar y a aquellas cuestiones imprescindibles para su contextualización y valoración.
– Ha sido, y suele ser aún común, el alto costo que supone contar con medios técnicos para la elaboración de planos en particular o documentación de todo tipo en general, a la hora de acometer intervenciones en el ámbito local, no solo ya a nivel de asociaciones o comunidades de montes, sino de las propias administraciones municipales. Esto ha ocasionado, comúnmente, que la información cuando existe, sea parcial y a menudo no esté actualizada, ya que no se realiza un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo.
Así pues el conocimiento en proximidad y mayor detalle del territorio todavía se encuentra lastrado por la dificultad para que lo que se sabe sobre este último, se amplíe, sistematice y sea más accesible tanto para los las personas en quien recae su organización, como para otros actores implicados en su valoración, protección, promoción o su uso.
Por otra parte, en los últimos años, diversos organismos como el Instituto Geográfico Nacional, o en el caso de Galicia el Instituto de Estudos do Territorio, han acometido una importante labor de publicación de información oficial, hasta ese momento no disponible para el público en general, relativa a múltiples materias como usos y coberturas del suelo, información cartográfica a distintas escalas, ortofotografías tanto actuales como históricas, etc., que pueden ser empleadas tanto para la consulta como para la generación de nueva información.
Al mismo tiempo, las propias administraciones públicas, que se encuentran inmersas en el apremiante proceso de transformación hacia la administración electrónica, proceden a acometer la estructuración de la información de los planes y programas que gestionan de forma que ésta siga unos estándares determinados y sobre todo que se encuentre georreferenciada, es decir, que los datos hagan referencia a una ubicación concreta y bien definida según un sistema de coordenadas en particular. Esto es similar a lo que sucede con los navegadores en los vehículos o teléfonos móviles que emplean datos GPS (siglas del sistema de posicionamiento global).
En relación con lo anterior, cabe destacar el desarrollo en las últimas décadas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales se podrían definir, de un modo muy simplificado, como unas herramientas que permiten el tratamiento, análisis y gestión de grandes volúmenes de datos de la realidad, cuentan con una identificación espacial concreta, con la posibilidad de generar nuevos datos de consulta a través de servidores y visores alojados en internet, o de la realización de mapas a distintas escalas.
El uso de los Sistemas de Información Geográfica, algunos de los cuales emplean software libre que se puede instalar en cualquier ordenador, permite por una parte que se pueda incorporar toda aquella información territorial de interés para el gestor o usuario, asociándole a su posición geográfica aquellos otros datos que se consideren relevantes como titularidad, capacidad, características técnicas, valores a proteger, etc., y por otra la interoperabilidad de la información generada con los programas y servicios que emplea la administración.
Estos datos pueden ser utilizados para multitud de fines, como por ejemplo, en la propia labor diaria de actividad o seguimiento del ámbito territorial concreto o la promoción de los valores presentes, como base de estudios aún más detallados como la elaboración de catálogos o inventarios, o en los trámites con las administraciones públicas, entre otros.
Tomado un ámbito concreto, por ejemplo una parroquia, se podría incluir, analizar, gestionar y representar información tan diversa como las distintas masas vegetales o elementos singulares, las redes e infraestructuras, el consumo de agua, los servicios urbanísticos, el sistema viario, los riesgos naturales o originados por el hombre, la red hidrográfica, el paisaje, las afecciones sectoriales, los límites administrativos, etc. Todo lo anterior de una manera precisa, inteligible, interoperable y accesible a los ciudadanos, posibilitando de este modo la transmisibilidad del conocimiento, pues aquello que no se conoce no se valora y lo que no se valora tiende finalmente a desaparecer.
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Sería interesante comentar la incidencia y parálisis administrativa que está provocando la obligación de georreferenciación en ciertos procedimientos, como por ejemplo a la hora de inscribir en registro. El problema es que las georreferencias reales prácticamente nunca coinciden con las del catastro, que no están bien. Ello conlleva que ante discrepancias haya que abrir un procedimiento de modificación catastral que puede ser infinito en cuanto aparezca conflicto con uno o más propietarios/administración. Cosa que ocurre casi siempre. Ello nos obliga a los técnicos a falsear las georreferencias para hacerlas cuadrar con las del catastro, o condenar al cliente a un proceso de modificación catastral eterno, infinito en cuanto aparecen más de dos propiedades lindantes afectadas. Porque claro, ello supone un «desplazamiento de marcos» digital. Y mientras tanto, sin registrar.
Gracias por tu aportación, Carlos.