El TSXG ratifica que las canteras de Atios están en terreno comunal
Si para el año 2020 se estima que habrá en el planeta más de 50.000 millones de cosas conectadas a Internet, es imposible concebir que algún sector económico o empresarial quede aislado de la que ya es considerada la nueva revolución industrial (digital) del siglo XXI. Los retos que trae consigo este concepto para el sector legal son múltiples. También lo son las oportunidades. Desde el blog de Calixto Escariz Abogados las analizamos.
Hablamos de Internet de las Cosas (Internet of Things –IoT- en sus siglas en inglés), es decir, la conexión a la red de todo tipo de aparatos, capaces de acumular y transferir en tiempo real cantidades ingentes de datos e información. Una tendencia que sobrepasa la frontera del smartphone para traer a nuestro día a día las smartTV, además de vehículos u otros dispositivos inteligentes. Según los últimos datos sobre la tecnología IoT ofrecidos por la consultora Gartner, durante el presente año ya se han invertido alrededor de 350 millones de dólares en seguridad para estos dispositivos conectados, una cifra que se verá aumentada, estimando que en 2018 superará los 547 millones de dólares.
Analizando esta revolución, es obvio que el sector legal también ha sido llamado a sumarse a esta vorágine de digitalización y conexión a la red, un terreno que puede convertirse en toda una oportunidad. Son muchos ya los problemas legales que se han desgajado de la implantación y eclosión del Internet de las Cosas, sobre todo, aspectos relacionados con la ciberseguridad, como la protección de datos de los usuarios –y también la propiedad o derechos de uso de los mismos, las licencias de software, la protección ante cualquier hacker malintencionado u otros temas como las responsabilidades ante incidencias que pudieran causar objetos que se trasladan y actúan de forma autómata.
En este sentido, no podemos hablar de una ciberseguridad 100% fiable a día de hoy, ya que aún hay determinados vacíos legales que no son cubiertos a la misma velocidad con la que la tecnología avanza, ofreciendo novedosas aplicaciones antes de aplicar un marco legal claro. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Internet de las Cosas forma parte de un ecosistema tecnológico que no entiende de naciones o continentes, un espectro prácticamente infinito que choca con la divergencia de normativas entre los diferentes países –la protección de datos está regulada actualmente de manera diferente en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, y la normativa puede llegar a variar en función de la industria de la que hablemos-. Esto implica que la protección y gestión de datos varía según en qué país se aplique la regulación.
Una de las conclusiones a las que se ha llegado en este terreno es la necesidad de contar con la figura de un jurista desde los primeros pasos en la creación de software o dispositivos que apliquen esta tecnología de conexión y manejo de datos, para asegurar un correcto diseño legal de la misma, evitando caer en posibles inquietudes legales.
Sin duda, esta revolución tecnológica trae consigo no sólo una necesaria revisión legislativa, sino también el desarrollo de normativas novedosas que vayan ajustándose a los nuevos patrones tecnológicos.
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