Suspensión de funciones en el ejercicio de la función pública
La Comisión Europea presentó a finales de noviembre una propuesta para reformar la legislación sobre energías renovables con el objetivo de avanzar en el conjunto de medidas adoptadas en el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático. Encaminada a mantener la competitividad de la UE, da los primeros pasos en la transición hacia una energía limpia, donde se proyecta el crecimiento futuro del sector.
El paquete legislativo, previsto para el período 2020-2030 y todavía pendiente de recibir el aprobado del Parlamento Europeo y del Consejo, se centra en la protección de las energías renovables, en fomentar el autoconsumo de los particulares, simplificar las gestiones administrativas y en reforzar la eficiencia de los edificios.
Con esta reforma, Bruselas pretende que al menos un 27% de la energía que se consuma en 2030 en la UE provenga de fuentes renovables, gracias a la utilización de transportes sin emisiones de carbono, a consumidores con más poder de decisión o al uso de una climatización más limpia y de electricidad procedente de fuentes renovables.
La nueva directiva deroga los artículos 3,4,16 (1-8), 22, 23, 24 y 26 de la Directiva 2009/28/CE y revisa otros 13 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25a, 27, 28 y 29).
Los cambios en el artículo 6 del texto influyen directamente en la situación de las renovables en España, ya que trata de asegurar que las condiciones vinculadas a ayudas concedidas a proyectos de energías renovables no se modifiquen de manera que afecten negativamente a los proyectos.
Otro de los puntos fuertes de la directiva es el impulso que recibe la eficiencia energética, especialmente en el caso de los edificios, que consumen el 40% del total de la energía utilizada en la UE. En este sentido, Bruselas fija su objetivo en aumentarla un 30% para acelerar la renovación de los edificios y su adaptación a las nuevas tecnologías, e incrementa también los estándares de eficiencia de los electrodomésticos y otros aparatos electrónicos vendidos en la UE.
Impulsa además medidas dirigidas a aumentar el uso de las renovables para calentar y enfriar inmuebles, así como la exigencia a proveedores y distribuidores de ahorrar anualmente un 1,5% de energía, lo que repercutirá en los hogares con ahorros anuales de unos 500 euros de media.
El artículo 15 de la nueva directiva incluye además una nueva metodología de cálculo sobre el rendimiento energético de los edificios, que definirá el mínimo de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos y en los que van a ser objeto de renovación.
El texto aborda también novedades que otorgan una mayor autonomía a los consumidores y que fomentan el autoconsumo energético (artículos 21 y 22).
En este sentido, anima a los consumidores europeos a generar, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable para abaratar la factura eléctrica de los hogares, pudiendo elegir mejor a sus proveedores de energía o acceder a comparadores de precios energéticos certificados. También defiende el autoconsumo compartido entre hogares, edificios e industrias. Esto contrasta con la regulación española, concretamente con el decreto de autoconsumo aprobado en España en octubre de 2015, en el que se prohíbe tanto el autoconsumo compartido como que el vertido de excedentes de energía a la red.
También establece un conjunto de herramientas para que los Estados miembros puedan diseñar un sistema que permita una apertura gradual de los sistemas de apoyo a la participación transfronteriza en el sector eléctrico.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma está en los denominados mecanismos de capacidad, plantas de generación de energía convencionales preparadas para aprovisionar la red de electricidad cuando las renovables no tienen capacidad para su abastecimiento, y cuyo objetivo principal es evitar los temidos apagones. Bruselas pretende con está reforma introducirlos en toda la UE, aunque actualmente ya existen en países como España, Reino Unido o Francia.
La reticencia que provoca este cambio viene fundamentalmente motivada por el temor de las organizaciones ecologistas a que pueda convertirse en un mecanismo para otorgar subsidios indirectos a las energías fósiles.
Pese a que los efectos del Acuerdo de Paris no se materializarán hasta 2020, los gobiernos pueden ya comenzar a poner en marcha medias, de manera voluntaria.
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