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Para desarrollar de forma sencilla mi visión acerca de las protestas realizadas por más de un millar de comuneros en la manifestación convocada por la Organización Galega de Comunidades de Montes, por la nueva legislación que regula el abandono de los montes vecinales en mano común, debo partir de dos consideraciones previstas.
1º La titularidad o propiedad de los montes vecinales por la comunidades propietarias, y por tanto la condición de propiedad colectiva de los mismo, no tiene discusión posible, los montes aprovechados históricamente son propiedad de las comunidades de vecinos y no propiedad pública y sólo la miopía legislativa incapaz de reconocer esta forma de propiedad colectiva impidió su desconocimiento legal desde el siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. El reconocimiento legal de dicha titularidad y su carácter imprescriptible ha supuesto una restitución a sus legítimos dueños de la propiedad pacifica de sus bienes.
2º Las formas de gestión colectiva de los bienes naturales y particularmente de los montes, cualquiera que fuera su uso, es un éxito sin paliativos por la mayor eficacia en la rentabilidad social y sostenible de estos recursos, que ha sido incluso probada por Elionor Ostron, cuya investigación ha sido reconocida con un Premio Nobel. En el pasado se apelaba a la tragedia de los comunes como forma de expresión de que la gestión comunitaria o por el colectivo de los bienes naturales resultaba poco rentable o catastrófica, tendente a que el egoísmo individual llevaría a la extinción o pérdida de valor del bien. Por la contra, la economía moderna ha demostrado que la gestión colectiva o comunitaria de los recursos naturales, entre ella los montes, resulta desde el punto de vista de su rentabilidad sostenida en el tiempo mucho más eficaz que la gestión privada o pública de los mismos.
La reciente reforma de la ley gallega ejecutada mediante el arrastre de cambios que propone siempre la ley de acompañamiento pretende incautar la gestión de los montes vecinales a aquellas comunidades que no hayan demostrado una gestión valida de los mismos y sancionar dicha conducta con una privación de su utilización por cincuenta años que la administración podrá ceder a una empresa privada.
La reciente reforma pretende incautar la gestión de los montes vecinales a aquellas comunidades que no hayan demostrado una gestión valida de los mismos y sancionar dicha conducta con una privación de su utilización por cincuenta años que la administración podrá ceder a una empresa privada.
La fórmula propuesta es, en mi opinión, una suma de desaciertos:
- La gestión pública de los montes ha demostrado ser un fracaso: no debemos olvidar que la propia ley reproduce la desaparición del consorcio público como modelo de gestión de los montes vecinales, por su sonoro fracaso. Los montes conveniados en la actualidad en su mayor parte no superarían el análisis propuesto por la norma como exigencia de gestión. ¿Qué sentido tiene, por lo tanto, retirar la gestión a las comunidades vecinas propietarias para asumirlo quien ya ha demostrado probada incapacidad para tal fin?
- La falta de precisión acerca de las condiciones concretas que se deben dar sobre el monte para su declaración de abandono, así como las circunstancias de persistencia en el tiempo de éstas hace pensar que el legislador está pensando más en el interés del futuro gestor del monte que en el aprovechamiento social de ese territorio.
- La sanción propuesta, privación del uso por cincuenta años, es manifiestamente desproporcionada en razón del hecho sucedido, mala gestión del monte. Es evidente que la norma por desproporcionada no debe superar un control mínimo de constitucionalidad.
- La posibilidad de concesión a terceros para su explotación asegurada de cincuenta años es, también según mi opinión, absolutamente inadecuada, no se entiende la gestión de un tercero y se pierde la vocación de trabajar en la consecución de la debida simbiosis entre comunidad y territorio fin último del castigo que es potenciar su redención.
- La imposibilidad de redimir la pena aun superando los motivos que la provocaron, así como la longevidad del tiempo parece que más allá de asegurar un uso sostenible de los montes para su futura gestión por la comunidad propietaria, lo que pretende, como ya ha sucedido en otros momentos históricos, es que se pierda en la memoria el vínculo territorio y dueños.
Las consecuencias de la legislación del abandono de los montes vecinales, en mi opinión, van a resultar catastróficas.
- Se generarán conflictos en los procesos de incautación de los montes, lo que sin duda no va a redundar en el beneficio de la gestión de este territorio y su contribución al interés general.
- No se consolidarán procesos de gestión por terceros sobre los terrenos declarados en abandono e incautados, o ¿A alguien se le escapa que no cabe gestión de los bienes de terceros sin el consentimiento y beneplácito de estos, y que el empresario es enemigo del riesgo que supone la confrontación con el legítimo dueño al que se le ha usurpado su derecho?
Vías de rectificación
Debemos creer en la probada eficacia de la gestión colectiva de los montes vecinales, disponemos de la ventaja en Galicia del reconcomiendo legal y administrativo de la propiedad de esta tierra por sus legítimos dueños, aprovechemos estas fortalezas para buscar fórmulas de apoyo a la gestión colectiva o de colaboración voluntaria de los propietarios con terceros, cuando éstos aporten capacidad financiera o técnica para el desarrollo de nuevos proyectos o provoquen la mejor utilidad de esos recursos para la creación de riqueza social sostenible en el tiempo. Respetemos por encima de todo el derecho del colectivo dueño a usar sus montes para la defensa de sus intereses.
Espero que no tengamos oportunidad de ver incautaciones de montes, su conflicto y cómo aquel lleva al abandono definitivo del territorio, y confío en que seamos capaces de apoyar y fomentar el desarrollo del medio rural a través de la creación de iniciativas por las comunidades en los montes de su propiedad. Prefiero ser ingenuo y pensar de esta manera.
Por Calixto Escariz.
Fotografía de La Voz de Galicia, en su noticia del 22/04/2018.
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